Funcionaba una central de espionaje para controlar jueces y funcionarios en Papel Prensa SA
A través de una extensa declaración testimonial prestada ante la justicia Penal Económico, José Pirillo, ex dueño del diario “La Razón”, hizo saber al juez Martin Castellano una serie de irregularidades que tuvo la oportunidad de conocer en su paso como accionista de la empresa Papel Prensa S.A., entre el 25 de marzo 1985 y julio de 1987.
La modalidad de los retornos
Declaró Pirillo que cuando adquirió la participación accionaria en Papel Prensa SA, su anterior titular Patricio Peralta Ramos, “ya le había comentado cómo los tres diarios (Clarín, La Nación y La Razón) se habían quedado con la firma PAPEL PRENSA, contando para ello con el apoyo de la Junta Militar.”
También explicó con detalle un sistema de “retornos” que pagaban los proveedores de la planta de papel de diario. Un porcentaje entre el 15 a 20% de los insumos que compraba Papel Prensa SA volvía a la empresa, a través del señor Noseda, quien acreditaba esos importes a cada uno de los tres diarios accionistas, en concepto del aporte que tenían que realizar para la construcción de la planta industrial.
Había otras formas de retornos: los diferimientos impositivos que devolvían otras empresas se convertían en acciones que se entregaban a cada diario, sin ingresar en la compañía. Cuando la fábrica empezó a producir, los retornos aplicados a los proveedores para la construcción de la planta se pasaron a aplicar a otra clase de insumos, servicios o transporte. En este caso, la modalidad adoptada consistía en entregar los “retornos” al Presidente del Directorio en ejercicio. Eran cargos rotativos, si al cerrar el balance resultaba que el Presidente en ejercicio percibía más que el anterior, la diferencia se distribuía entre los tres diarios, dijo el testigo.
Espionaje de magistrados y funcionarios
Más adelante, José Pirillo sorprendió con el relato sobre un Departamento de Inteligencia montado por PAPEL PRENSA en el piso sexto o séptimo, el cual reunía información sobre gastos que realizaban jueces, fiscales o funcionarios públicos a través de tarjetas de crédito: “A modo de ejemplo, se recibía información del Banco Central sobre el consumo de un determinado juez, y esos datos se contrastaban con las tarjetas de crédito para verificar el consumo del grupo familiar de aquél. La empresa investigaba los ingresos del funcionario y de su núcleo familiar y cuando éstos excedían a los ingresos en blanco que recibían, se emitía un anónimo a dicho funcionario.”
Poco después –relata Pirillo- alguno de los tres diarios -Clarín, La Nación o La Razón- llamaba al juez o fiscal haciéndole saber que se había recibido un anónimo indicando que sus gastos excedían sus ingresos y le pedían una entrevista personal para corroborar la información. Finalmente, se acordaba con la víctima que nada sería publicado.
La documentación y el acuerdo posterior pasaban a formar parte de una lista de jueces, fiscales y funcionarios agradecidos con el medio gráfico, por decirlo con benevolencia. Esa información era recogida y enviada a los tres diarios para ser utilizada en la oportunidad en que fuera necesario. La declaración testimonial de José Pirillo dio lugar a una nueva investigación penal sobre esos hechos.
