Imprimir

Frente a un nuevo contrato social

La Plataforma  electoral del Frente de Todos,  ganador en la última elección, comienza expresando: “Nuestro país necesita de un nuevo contrato social para poder superar la profunda crisis inducida por las políticas implementadas por el gobierno de la alianza cambiemos y afianzadas a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” que en el ítem específico de la Justicia manifiesta: “El gran desafío reside en recomponer el vínculo entre el pueblo y la justicia, y así, fortalecer las instituciones y el sistema republicano. Para ello, es fundamental comprometer a los actores del universo judicial en las transformaciones que se requieren, bajo el firme compromiso y plena vigencia de los derechos humanos y la consagración de la verdad y la justicia, que concreticen la justicia social y el desarrollo humano, para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.”

Nuestro sistema político garantiza que periódicamente podamos renovar, o no, la confianza en quienes nos representan en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero no así en el Judicial. Si alguna de las patas de la mesa es defectuosa, todo lo que apoyemos en ella terminará en el suelo.

La inmensa mayoría de la sociedad no confía en la actual administración de justicia, pese a que este poder constituye la última frontera que garantiza el pleno ejercicio de todos nuestros derechos.

Es cierto que no podemos hacerla responsable de la totalidad de su desmadre, sin embargo, queda claro que la gran mayoría de sus integrantes –por acción u omisión– tienen una tremenda deuda moral con la sociedad que deberían comenzar a recomponer.

Los integrantes del Poder Judicial, más allá del protocolo, son servidores públicos que han logrado merced al sistema hoy vigente mantener y hasta mejorar el valor adquisitivo de sus salarios, mientras que el resto de la sociedad los ha visto deteriorarse estrepitosamente.

La “recomposición del vínculo entre pueblo y justicia” debe comprender todos los aspectos que hoy la descomponen y para ello resulta necesario que no esté vacío el sillón de la Justicia en la mesa de concertación y, sean quienes sean sus interlocutores, lo que la sociedad acuerde en ella deberá ser respetado por todos sus participantes.

El Poder Judicial deberá asumir, en una mesa de concertación social, su compromiso de refundarse sobre los valores que son propios de quien tiene la responsabilidad de administrar justicia: independencia absoluta de todo otro poder, sea este político, público, mediático o corporativo; no interferencia respecto de los otros poderes del Estado; vocación de servicio en su carácter de servidor público; imparcialidad con estricto apego a los preceptos constitucionales y al modelo de vida en que la mayoría de la sociedad elija vivir; apego a la verdad por encima de intereses sectoriales o corporativos, (incluido los del propio poder) y transparencia en todo y cada uno de sus actos de gobierno.

Es por todo lo expresado que solicitamos al próximo gobierno que garantice la participación en la mesa del nuevo contrato social de todos los actores, al mismo tiempo que reclamamos la asistencia de los representantes del Poder Judicial para que asuman plenamente la responsabilidad que le compete en el proceso de reconstrucción social y económico de nuestra patria que iniciaremos el próximo 10 de diciembre.

Mar del Plata, 05 de diciembre de 2019.