Es ocioso discurrir sobre la deuda pública nacional sin embargo nos parece que poner en números y relacionarlos con la actividad económica y la recaudación nos permitirá ver con más claridad a que nos enfrentaremos en los próximos años.

Con este objetivo veamos algunas relaciones del peso de la deuda consolidadas al 2018 en comparación al 2015 en base a los datos del INDEC y el Ministerio de Hacienda.

Relaciones

Deuda vs PBI                                                  2015  53%    2018   86%    2019 88,5%
Intereses Pagados vs PBI                               2015  02%    2018   04%
Servicios Totales Pagados  vs PBI                  2015  10%    2018   17%
Deuda Externa vs Exportaciones                    2015  91%    2018  213%
Intereses Pagados vs Recursos Tributarios    2015  08%    2018    15%
Servicios Totales Pagados                               2015  39%   2018    74%

En el periodo del gobierno de Cambiemos la Deuda Externa contraída es de u$s 187.000 millones de los cuales el 85,6% (u$s 161.300 millones) son del gobierno central, el resto (u$s 25.700 millones) corresponden a las provincias y empresas privadas.

Vencimientos

Los vencimientos que debe afrontar el próximo gobierno serán:
Año 2020    u$s 20376 millones    05,5% del PBI
Año 2021    u$s 31608 millones    08,7 % del PBI
Año 2022    u$s 49923 millones    13,6% del PBI
Año 2023    u$s 46594 millones    12,7% del PBI

Restan recibir por parte del FMI:
Año 2919    u$s 5379 millones
Año 2020    u$s 3875 millones
Año 2021    u$s 1937 millones

La fuga de capitales en el periodo macrista es de u$s 94.274 millones y los seguros de deuda subieron un 250% lo que implica que para las calificadoras de riesgo la probabilidad de default asciende al 75 %.

Al 2019 la deuda consolidada es de u$s 324.898 millones lo que representa el 88,5% del PBI con un 69% del PBI equivalente en dólares y un 19,5% del PBI equivalente en pesos.

La deuda exigible en lo que queda del 2019 es de u$s 2.477 millones que no se aclara cómo ni cuándo va a ser pagada.

De la deuda total el 78% es en dólares y el resto en pesos, con el 60% que se rige por legislación nacional mientras el restante 40% lo hace bajo legislación extranjera.

El 45,9% del PBI está comprometido con el FMI, organismos multilaterales de deuda y con fondos de inversión (Black Rock, Templeton, Eagle se llevan de la cartera de los fondos el 89,7%).

El 42,6% del PBI está comprometido con Bancos Privados, Empresas y Fondos de Inversión con radicación nacional.

Del total de la deuda el 56,7% está comprometida con diferentes tasas que van desde el 6% hasta el 15% en dólares equivalentes, el 32% con tasa variable con distintos polinomios de ajuste y el 11,3% con tasa cero.

En cuanto al porcentaje de tasa variable los polinomios de ajuste tienen diferentes componentes cuyos coeficientes en general son inversamente proporcionales a la caída de los títulos de deuda en el mercado de valores de Nueva York, con el consecuente daño a la sociedad argentina.

Es difícil cuantificar en proyección lo que resultará en costo neto este monto del 32% de la deuda lo que se puede afirmar es que la Argentina pagará (de no renegociarse) no menos del 200% más  de lo comprometido en los próximos 10 años.

Es de resaltar que ante semejante panorama desolador el Gobierno Nacional con el aval explícito de la Provincia de Buenos Aires siguió manteniendo los subsidios a las empresas, especialmente de energía, dejando de subsidiar a los usuarios y volcando dineros que se deben (como subsidios) a las manos de los socios/amigos del presidente, subsidios que si se miden en pesos no solo no disminuyeron sino que aumentaron en comparación al 2015.

Esta es una primer radiografía del saqueo, pero ahora solo aclaremos un aspecto que nos parece central que es la legalidad de la deuda.

Desde que Alejandro Olmos expuso la ilegalidad de la deuda externa no aparece otro hecho tan escandaloso, y seguro uno de los más escandalosos de nuestra historia.
Pedro Biscay, ex director del BCRA, pidió información de los contratos de deuda, especialmente del acuerdo firmado con el FMI. El gobierno nacional se negó a facilitarle esta información.

Judicializó esta decisión y la Justicia obligó al gobierno nacional a entregar esa información con el argumento que la información es del pueblo argentino y no de un gobierno.

De este modo le entregaron el expediente con las condiciones del préstamo donde se ve que el mismo está fechado el 9 de junio de 2018, cuando el acuerdo con el FMI se firmó un mes antes.

Cabe aclarar que la ley obliga a que el BCRA evalúe las condiciones y realice un dictamen sobre la capacidad de pago y el impacto sobre las reservas adjuntando este a los estudios de factibilidad que debe hacer la autoridad económica antes de avanzar en la firma de cualquier acuerdo.

El tiempo record con lo que acordó con el FMI es lo que llevó a sospechar lo que se comprobó: que el expediente fue armado posteriormente a la firma del acuerdo y que este se armó a medida o escrito directamente por el FMI.

En el acuerdo de deuda firmado por el gobierno nacional con el FMI el decreto presidencial que lo regula deja afuera (con inmunidad) a los bienes del Estado incluidos en los artículos 234 y 235 del Código Civil que justamente los especifica.

Pero deja sin inmunidad a los que tutela el artículo 236 del Código Civil que son los más importantes, estos bienes del Estado son los recursos naturales del suelo, el subsuelo, la plataforma marina y submarina y los bienes muebles o inmuebles de explotación.

No solo esto sino que se somete a la jurisdicción de los tribunales de EEUU (Nueva York) y de Gran Bretaña (Londres) entregando la soberanía jurídica.
Esto fue denunciado por el Dr. Barcesat.

El Juez Ballesteros confirmó 477 irregularidades en la denuncia de Alejandro Olmos confirmando su trabajo. Ese expediente duerme el sueño de los justos en el Congreso Nacional al que el Juez lo giró para que el mismo actúe en consecuencia, esperamos que esta denuncia no tenga el mismo destino.
La provincia de Neuquén tomó debida nota y por una Ley Provincial puso a resguardo Vaca Muerta, o mejor dicho su parte proporcional del yacimiento. Esta ley fue motorizada por el diputado Martínez.

Aunque algunos juristas dicen que esta ley provincial no anula lo acordado, pero según la opinión de otros juristas al no haber pasado el acuerdo por el Congreso Nacional esta acción legal alcanza.

Ya la provincia de Rio Negro está tratando en su legislatura un proyecto similar, tal como lo están haciendo Tierra del Fuego, Chubut y Mendoza.
Sería un error pensar solamente en el riesgo de perder Vaca Muerta, pues están todos los recursos en riesgo, como es el caso del litio en el norte, el uranio en Mendoza o la plata en Chubut, para mencionar solo algunos.

Mar del Plata, 10 de setiembre de 2019.