Por Carlos Heller *
A partir de la situación creada por la remoción del titular del Banco Central dispuesta por la presidenta de la Nación, la discusión debe centrarse en la cuestión de fondo que son los límites de la autonomía del Banco Central y sus funciones, un tema que obvian las distintas controversias y pronunciamientos que se realizan actualmente.
El Fondo del Bicentenario, al cancelar deuda y
permitir conseguir préstamos a tasas bajas para refinanciar los pagos de
deuda, evita utilizar recursos fiscales para tal fin, que pueden
destinarse a un mayor gasto social, la universalización del seguro para
la niñez, o una mayor inversión en infraestructura. Aquellos que
rechazan el Fondo del Bicentenario, en realidad están proponiendo
utilizar los recursos fiscales para pagar deuda, juntamente con un
achique del gasto público para que sea financiable. Esta postura afecta
la posibilidad de seguir sosteniendo los planes indispensables de
fomento a la economía.
Sostenemos que el gasto público debe incrementarse, debe gastarse
eficientemente y para eso se requiere una reforma fiscal progresiva, que
venimos reclamando hace años, basada en impuestos que recaigan sobre
los que más tienen, con mayores tasas de impuesto a las ganancias para
los tramos superiores, captando las grandes rentas financieras y las
fabulosas utilidades de los recursos naturales, entre otras medidas.
La cuestión del Banco Central: se habla reiteradamente de
institucionalidad, aunque esto merece un debate sobre cuál es la
institucionalidad que se desea. No cabe duda de que defender la
aplicación de las leyes de la Nación es esencial, pero ello no quita
discutir la conveniencia de esas leyes y, especialmente, la matriz
ideológica que las acuñó.
El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una
institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de
Washington, hoy fuertemente discutido, que instauró la independencia del
Banco Central de la República Argentina, contrariando gran parte de su
historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos
comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.
La actual Carta Orgánica se gestó en los noventa y consistió en un
decálogo del pensamiento ortodoxo, dado que no sólo limitó sus
objetivos, sino que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios
de política económica.
Ante un enfoque ideológico que cifró la inflación exclusivamente en la
emisión de dinero, en vez de regular y establecer parámetros para el
financiamiento del BCRA al Gobierno, una actividad que realizan todos
los Bancos Centrales del mundo, se optó por prohibir ese financiamiento,
al igual que restringir el papel de prestamista de última instancia.
Estas dos obcecadas restricciones tuvieron que ser morigeradas por sus
propios impulsores cuando arreció el vendaval del Tequila allá por 1995.
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de
la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de
ocupación, del crecimiento del PIB, de la distribución de la riqueza o
del poder oligopólico de los formadores de precios. Tan fuerte fue la
impronta ideológica, que en los considerandos del proyecto del PEN bajo
la orientación de Domingo Cavallo, se establecía que “la necesidad de
estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la
distribución de los recursos”. Así se intentó otorgar a la restricción
monetaria un valor superior a la distribución del ingreso y al
sufrimiento de los ciudadanos bajo la pobreza.
La gran idea que subyace a esta independencia o desconexión del BCRA con
el resto de los entes gubernamentales, es vedar a los gobiernos
elegidos por el voto popular el ejercicio de la política monetaria.
Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta
Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973,
establecía su objeto en “regular el crédito y los medios de pago a fin
de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico
ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y
el poder adquisitivo de la moneda”.
De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un
Banco Central autista; ¿es ésa la institucionalidad que deseamos
mantener hacia el futuro?
La vieja Carta Orgánica disponía entre los objetivos “ejecutar la
política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía con
asesoramiento del Banco Central ...”, a la vez que establecía que “la
actuación del banco se ajustará a las directivas que el gobierno
nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, dicte en materia de
política económica, monetaria, cambiaria y financiera...”.
Hurgando en legislación comparada, aparece el caso de la Reserva Federal
de Estados Unidos (FED), cuya misión es conducir la política monetaria
de la Nación influenciando las condiciones monetarias y crediticias para
perseguir el pleno empleo, la estabilidad de precios y tasas moderadas
de interés de largo plazo; para la FED la política monetaria no es ajena
al nivel de empleo.
Cabe observar que cuando la actual crisis financiera arreciaba, la FED
no dudó en saltar normas institucionales para prestarles a aseguradoras,
bancos de inversión y hasta a particulares.
Otro ejemplo es Brasil, que posee un Consejo Monetario Nacional que
delinea la política monetaria, cuyas funciones se realizan “siguiendo
directrices establecidas por el presidente de la República”. Dicho
comité está presidido por el ministro de Hacienda e integrado por los
presidentes del Banco Central y del Bndes, y siete miembros más. Vemos
entonces una fuerte vinculación entre el Banco Central y el Poder
Ejecutivo, lo que no le impidió a Brasil haber obtenido el “grado de
inversión” de los mercados internacionales.
Hoy se habla repetidamente de la “independencia” del Banco Central, pero
¿es éste un valor esencial de la democracia? En realidad, pareciera que
está reñido con la democracia, puesto que le quita al gobierno de turno
la posibilidad del manejo de la política monetaria, una herramienta
indispensable para definir el destino económico del país.
La política monetaria es una herramienta importante, pero tiene que
estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe
encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que
este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un
desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la
mejora de las condiciones sociales.
* Diputado nacional.
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